Por razones de espacio limitaremos esta presentación a los siglos XIX y XX. Nos parece un acierto diferenciar el Chile Republicano en términos de proyectos de sectores sociales. En el XIX y primeras décadas del XX, el proyecto histórico de la oligarquía; y desde 1920 el de los sectores medios. En cuanto al concepto de oligarquía, señala que, como es sabido, se refiere a “un régimen político y social que implica el control riguroso del poder político por parte de una minoría que posee también el poder económico”. Recoge algunas características oligárquicas planteadas por el sociólogo argentino Waldo Ansaldi, entre ellas, una base social angosta; reclutamiento cerrado de los que se nombran para desempeñar las funciones de gobierno; exclusión de los disidentes o de la oposición; mecanismos de lealtades familiares o grupales, para señalar algunas. En la interpretación de De Ramón, en Chile puede hablarse de oligarquía a partir de la tercera década del XIX; ella fue variando en el transcurso del siglo, incorporándose hombres de nuevas fortunas que no correspondían a familias tradicionales, como los comerciantes extranjeros, comerciantes criollos y mineros enriquecidos. Ellos se unieron en estrecha alianza con la antigua elite santiaguina, marcando “el ritmo de la historia chilena por su influencia y poder, constituyendo, pues, una oligarquía en el pleno sentido de su definición antes transcripta”.
El programa oligárquico consultó, en primer lugar, la estructuración del Estado bajo un orden constitucional. La Constitución de 1833 fue aprobada por una Convención compuesta por 16 diputados en ejercicio y 20 hombres probos e ilustrados, que siguieron básicamente las ideas propuestas por Mariano Egaña. Es decir, la Constitución fue claramente un producto oligárquico, que excluyó de la participación política a la inmensa mayoría de los habitantes del país.
Por cierto en el tema de la construcción estatal no podía soslayarse la figura de Portales, cuyas ideas, de acuerdo a la historiografía tradicional, habían dado forma a la denominada la “época portaliana”. De Ramón plantea que los postulados del Ministro no conformaron una ideología propiamente tal, sino ideas generales, “casi reflexiones de sobre mesa”. Tal “ideología” estaría sintetizada en la famosa carta de Portales a su socio Cea, en que expresó el absurdo de pretender establecer la democracia en los países de la América Hispana donde abundaban los vicios y no las virtudes; las necesidades del momento imponían, en cambio, “un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo”. La concepción del régimen portaliano para De Ramón se articula en función de acciones operativas, destacando en ellas “la formación de un equipo de hombres muy capaces que actuaron en la política chilena hasta mucho después de muerto el ministro y que disfrutaron y ejercieron una gran influencia personal completando su obra”. Entre ellos figuraron Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, los chilenos Manuel Rengifo, Mariano Egaña, Joaquín Tocornal y en la generación siguiente Manuel Montt y Antonio Varas. Esta idea de un grupo selecto puede asociarse a aquellos hombres virtuosos a que aludió el Ministro.
Otro acierto de la síntesis histórica in comento, es la utilización del método comparativo en el análisis de los procesos, conforme al planteamiento de que no es posible entender a Chile, sin revisar lo que ocurre y ha ocurrido en otros países de América, como los inmediatos vecinos. En el caso argentino el ideario de Juan Bautista Alberdi fue influenciado por la ordenación política alcanzada en el Chile conservador; no es pues una simple coincidencia que Alberdi haya escrito y publicado en Chile su conocida obra sobre la organización política de la República Argentina (1852). Valorizó la solución política chilena como la única racional en repúblicas que poco antes habían estado bajo un régimen monárquico.
La obra de la oligarquía chilena que coincide en varios puntos con el programa alberdiano, se sintetiza, aparte de la estructuración estatal, en la articulación del valle central, en la cual el trazado de vías férreas y la habilitación de puertos fueron fundamentales para las exportaciones de trigo y harina; y en la ocupación efectiva del territorio con el establecimiento en el estrecho de Magallanes; la colonización con familias alemanas en los territorios de Valdivia, Osorno y Llanquihue; y la ocupación de la Araucanía, mal llamada “pacificación”, concorde con la también mal denominada “conquista del desierto” en la Argentina.
La incorporación de las provincias salitreras marcó la culminación de la obra expansionista del proyecto oligárquico, pero dentro de este proyecto la crisis terminal del estado portaliano se produjo antes, con la guerra civil de 1891. De Ramón cita las interpretaciones de diversos historiadores sobre el conflicto, destacando la de Alfredo Jocelyn-Holt, para quien la propuesta de Balmaceda era la de un cambio desde arriba, programado y controlado, sin que ello amenazara la hegemonía de la elite. No obstante, ésta no quería cambios, aunque éstos no significaran poner en riesgo su dominio excluyente. La experiencia histórica, acota De Ramón, demuestra que la derecha chilena teme a la modernización, a los cambios. Identificado con el progresismo balmacedista, sugiere que de haber tenido éxito ese gobierno “habría permitido un nuevo ciclo de crecimiento cultural, social e incluso económico”.
Finalizada la guerra civil la oligarquía mantuvo y aun acrecentó su predominio excluyente por treinta años, sin que en esos años, como tampoco durante todo su proyecto, desarrollara una política que atendiera a los problemas sociales (“La verdad es que la oligarquía chilena nunca tuvo una política social estructurada como para dar una solución a los graves problemas que sufría la población pobre del país”). Ya a fines del XIX se denotaban síntomas de su decadencia, manifestados en un estilo de vida trivial, en que predominaba la conversación intrascendente, los rumores y escándalos, las juergas, las largas y dispendiosas estadías en Europa, sobre todo en París, y la corrupción acicateada por la necesidad de procurarse recursos para sostener el rango.
En el extremo opuesto estaban los excluidos y despreciados, motejados despectivamente por la clase alta: “la lepra inmensa de los barrios pobres”, “aquella indescriptible cloaca”. De los sectores populares surgió la inquietud y la amenaza; los trabajadores habían empezado a organizarse para dar sus luchas reivindicativas, cuya mayor expresión en el XIX fue la primera huelga general estallada en 1890 y que abarcó desde Iquique hasta Concepción; siguieron otros movimientos huelguísticos, todos ellos de carácter reivindicativo, que fueron violentamente reprimidos. La matanza de la Escuela Santa María de Iquique se yergue como paradigma de los intentos de reivindicación y de la represión. Los obreros volvieron a la pampa dejando un número crecido de muertos y haciendo vacilar al movimiento sindical.
Pero superadas las vacilaciones, recobró fuerza la organización del proletariado que, junto con el surgimiento y desarrollo de la clase media al amparo del crecimiento del Estado, demostraban que el proyecto oligárquico excluyente no era sostenible. El desprecio elitario, recurrente en nuestra historia como se aprecia en las páginas de este libro, se expresó en contra de la clase media rebelde que cuestionó el dominio de la oligarquía y su capacidad para dirigir el país. Eran para la elite los “advenedizos”, los hombres “sin lastre histórico”. Entre ellos el propio Arturo Alessandri, no obstante su extensa trayectoria política, pero era el adversario que había que detener y destruir en la elección presidencial de 1920, más aún, cuando había anticipado que quería ser una amenaza “para los espíritus reaccionarios, para los que resisten toda reforma justa y necesaria” y se proponía realizar un programa de reformas sociales en beneficio de la clase trabajadora. El patriciado fue derrotado en aquella elección presidencial, sin embargo la oposición parlamentaria consiguió impedir que se aprobaran los proyectos de leyes sociales; como sabemos tuvo que mediar la intervención de militares progresistas para que se despachara un conjunto de leyes de esa índole.
Estos son antecedentes de lo que De Ramón denomina el Proyecto de las clases medias, cuyo comienzo lo sitúa en 1938 con el triunfo del Frente Popular. Los hombres que gobernaron Chile a partir de entonces, lograron la democratización del país e implantar un nuevo modelo económico en que el Estado asumió el papel protagónico. En la entusiasta interpretación del autor, en “el período 1938-1973 existió en el país una verdadera república donde las libertades, pero al mismo tiempo el respeto a los derechos de las personas, pasaron a ser una realidad sentida y ejercida por todos los sectores del país. Muchos pensamos que esta etapa constituye el período histórico que, aunque teniendo muchos defectos y carencias, estuvo más cerca de la definición clásica de ‘república’, es decir, la forma de gobierno de los pueblos emanada de la plena participación popular, supremo ideal de todos los tiempos”.
En el plano económico surgió el Estado empresario, que desarrolló una intensa labor a través de la CORFO, modernizando al Chile tradicional con la electrificación y la creación de empresas estatales en sectores industriales básicos, entre otras realizaciones. La valoración de la obra del Estado empresario se manifiesta sin ambages: “eso es lo que constituye la obra inmensa realizada durante más de cuarenta años y sin la cual las nuevas orientaciones económicas establecidas desde la década de 1970 no habrían podido tener éxito”. A pesar de los logros, subsistieron, se agudizaron y surgieron problemas que limitaron los alcances de la labor realizada: los grupos más modestos quedaron marginados de los beneficios del desarrollo industrial; la inflación se hizo crónica llegando en algunos años a porcentajes muy elevados; aunque el esquema de crecimiento económico era “hacia adentro”, la economía chilena continuó sosteniéndose básicamente en las exportaciones mineras; siguiendo a Aníbal Pinto Santa Cruz, la clase media chilena no se transformó en una nueva burguesía, porque no obstante la conquista del poder político éste no la catapultó “para fomentar y robustecer sus bases económicas”.
De manera que se requerían cambios más profundos en procura de transformar la estructura social del país. Eduardo Frei M. y la Democracia Cristiana, con la “revolución en libertad”, iniciaron la reforma agraria y el rescate de la riqueza básica del país, el cobre. La primera fue precedida por un débil intento reformista en el agro efectuado por Jorge Alessandri, a impulsos de la nueva política de la Alianza para el Progreso del gobierno de Estados Unidos. Frei dictó una nueva ley de reforma agraria en 1967, en virtud de la cual los propietarios podían conservar una superficie hasta de 80 hectáreas, el resto era expropiable. Se dio comienzo, además, al proceso masivo de sindicalización campesina, largo tiempo postergado. Frei se proponía incrementar la producción agrícola y hacer 100.000 nuevos propietarios bajo el régimen de asentamientos o cooperativas de pequeños propietarios; al final de su mandato se alcanzó sólo la tercera parte de esa cantidad. En cuanto al cobre, el gobierno de la Democracia Cristiana llevó a cabo la llamada “chilenización” del mineral, que consistió en la adquisición por parte del Estado del 51 % de las acciones de las grandes minas pertenecientes a consorcios estadounidenses.
En la estructura de la obra se incluye a la Unidad Popular como el capítulo final de la “República mesocrática”. Quizás si hubiera sido pertinente ubicar este período, por corto que haya sido, como una etapa aparte, puesto que no se trató de un proyecto reformista, sino revolucionario, la “vía chilena al socialismo”, aunque ésta tuviera características muy particulares que la diferenciaban de las revoluciones efectuadas por la vía armada. El propio autor enfatiza el carácter revolucionario de esa experiencia: “Lo único revolucionario era el proyecto político de la Unidad Popular y precisamente por eso se acarreó las iras del Pentágono y del gobierno de Estados Unidos”. Las reformas comenzadas por Frei, fueron intensificadas en el gobierno de Allende. En el proceso de la reforma agraria se aceleró el ritmo de las expropiaciones; y en el cobre, con el apoyo unánime del Congreso, se reemplazó la “chilenización” por la completa nacionalización, en la cual el gobierno, de acuerdo al criterio de las “ganancias excesivas”, determinó que no correspondía pagar indemnizaciones a las compañías norteamericanas, lo que acentuó aún más las iras de Estados Unidos, que se habían despertado en contra de Allende ya desde antes que triunfara en las urnas.
En las empresas, el programa de la Unidad Popular consultaba tres áreas: la estatal, que incluía las que ya eran del Estado y las que se expropiarían o intervendrían; el área mixta conformada por capitales del Estado y de particulares; y el área privada compuesta por empresas medianas y pequeñas. Sólo en el primer año de gobierno pasaron al área estatal 167 empresas, en un claro proceso de traspaso de los medios de producción al Estado. En la banca, mediante la adquisición de acciones, se logró controlar 11 bancos nacionales de un total de 23 que, incluido el Banco del Estado, permitió el control directo de cerca del 90 % del total de las colocaciones. A la nacionalización del cobre se sumaron las del hierro, salitre y carbón. La vía chilena avanzaba con rapidez, sólo en dos años se habían alcanzado las metas propuestas para seis.
Es sabido que en el primer año de gobierno de la Unidad Popular el balance fue satisfactorio, logrando reducirse incluso el nivel de la inflación y aumentar significativamente el PGB y los salarios reales. Pero pronto aparecieron la escasez, el desabastecimiento, el mercado negro, los desequilibrios, la creciente inflacionaria, que contribuirían al colapso económico. De Ramón plantea un criterio distinto en el juicio a la conducción económica, en el sentido de que la crítica a ésta no puede hacerse en relación a la eficiencia, al orden y a la normalidad en el uso de los mecanismos ejercidos por la autoridad como correspondería a un gobierno continuista, en cambio - afirma - en un gobierno revolucionario lo que vale es la rapidez en alcanzar los cambios profundos propuestos y, como hemos visto, esos cambios tuvieron un ritmo mayor al esperado. Pero ello, obviamente, hirió dramáticamente los intereses de los sectores patronales y empresariales y del capital extranjero. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo todavía el 44 % de los votos, a pesar del agudizamiento de los problemas económicos. No obstante, ello no era suficiente para sostener al gobierno, frente a la resuelta decisión de los gremios empresariales de derrocar a Allende, decisión compartida y apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. Tampoco la incorporación de militares al gabinete fue una medida eficaz para frenar una determinación ya tomada.
La larga huelga de los trabajadores de El Teniente, iniciada en abril de 1973; un segundo paro de los transportistas que comenzó en el mes de julio, al que se plegaron otros gremios empresariales y profesionales y federaciones estudiantiles; la acusación de ilegalidad del gobierno hecha por la Cámara de Diputados; y, sumado a todo ello el apoyo económico y de inteligencia (CIA) del gobierno de Estados Unidos con el propósito de paralizar el país; demostraban que la “vía chilena” al socialismo estaba en sus últimos días. Pero el fracaso de esta experiencia no se debió sólo a la acción de la oposición interna y externa enardecidas. Factor muy importante fue también la disensión al interior de la Unidad Popular, con un sector moderado liderado por el Partido Comunista, y otro sector radicalizado conformado principalmente por socialistas, encabezado por el Secretario General de ese Partido, Carlos Altamirano.
No podía sorprender que se produjera el golpe militar. Lo que sí asombró fue que la dictadura se prolongara por tanto tiempo (casi 17 años) y que la represión fuese tan cruenta. Para De Ramón estos fueron los Años Negros de nuestra historia republicana. Una experiencia inédita en que el imperio de la ley quedó sujeto a los arbitrios del régimen apoyado en su omnímodo poder y que contó, además, con la obsecuencia (“aplauso” lo llama De Ramón) del Poder Judicial. Fue una aplanadora que arrasó con los partidos políticos y los sindicatos e intervino las universidades anulando su autonomía por medio de los rectores delegados, cuya designación no se debió a razones del intelecto sino se optó por oficiales disciplinados y algunos adherentes civiles. Otro rasgo de esta experiencia inédita fue la falta de plazos para la tarea que asumían los militares, bajo la consigna de que lo importante eran las metas y no los plazos.
Los juicios del autor sobre el régimen encabezado por Pinochet son fuertes y decididos: “una arbitrariedad que causa asombro y espanto”, “una dictadura que demostró una ferocidad terrible hacia todos los que creía sus enemigos”. Describe una Antología del horror expresado en asesinatos, desapariciones y torturas (problemas aún no resueltos por la sociedad chilena), con casos tristemente paradigmáticos como “la Caravana de la Muerte”, la creación de la DINA, los crímenes y atentados perpetrados en el extranjero. En la imposibilidad de encontrar una explicación racional a tanta violencia, “sólo parece quedar como argumento la necesidad de producir terror colectivo en la población o de generar un miedo absoluto en el país para permitir al gobierno castrense gobernar con la mayor tranquilidad posible”.
Ha sido generalmente destacada como logro del régimen militar, la nueva política económica implementada por el grupo de economistas denominados los “Chicago boys”, a la que el autor dedica pocas páginas, no dejando de reparar en los costos sociales de tal política, especialmente el alto nivel del desempleo. Pone de relieve, en cambio, el papel que cupo a la Iglesia Católica en la defensa de los derechos humanos y el largo camino para llegar al plebiscito de 1988, incluidas las protestas populares y los acuerdos políticos de la oposición democrática, que contribuirían al fin de la dictadura.
La obra se cierra con un Epílogo referido a los años de la Concertación de los Partidos por la Democracia, entre 1990-2000. No fue fácil para la nueva coalición política el ejercicio del mando frente a los militares acostumbrados ya a detentarlo. Las demostraciones militares, llamadas “Ejercicio de Enlace” y “Boinazo”, realizadas para detener las investigaciones sobre negocios ilícitos de familiares directos del general Pinochet, evidenciaban la fragilidad de la nueva democracia. En un plano global ella se vio (y se ve) limitada por la persistencia de la Constitución de 1980 (que De Ramón analiza bajo el paréntesis de el surrealismo en política), que dejó amarres autoritarios, como son, entre otros, la creación y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), en cuya composición hay mayoría militar; y la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas.
Pese a todo ello y a la existencia de problemas no resueltos, a que aludimos, la Concertación ha logrado ir consolidando el proceso democrático. Los juicios del autor rebosan entusiasmo: “También ha sido un fenómeno nuevo en Chile, la creación, existencia y mantenimiento en el poder de una combinación política tan exitosa como la Concertación, raro ejemplo político chileno en doscientos años”. El éxito se advierte en las políticas económicas elaboradas y manejadas con prudencia, evitando medidas populistas y reconociendo, a la vez, “la deuda social” en materias como salud y educación, en las que se optó por “un enfoque gradualista” con una expansión responsable del gasto fiscal, con el propósito de no provocar inflación. Ésta logró rebajarse a nivel de un dígito; el valor de las exportaciones se duplicó entre 1990 y 1997 y el número de pobres bajó substantivamente. Persiste sí la desigualdad en el ingreso; en este problema Chile tiene uno de los peores registros en todo América Latina, siendo superado sólo por Brasil y estando a la par de Guatemala.
Con todo, el mayor éxito de la Concertación ha sido la restauración del antiguo sistema democrático chileno, tradición interrumpida por la dictadura que se mantenía latente en el pueblo chileno. El largo recorrido que Armando de Ramón hace por la historia de Chile, finaliza con la satisfacción de asistir al retorno a la democracia, a la apertura de un nuevo ciclo promisorio y esperanzador para el país.
Por cierto hacer una síntesis de la historia del país en 300 páginas, no es una tarea fácil. Creemos que De Ramón lo ha logrado. No una síntesis de carácter fáctico, en que se describan los hechos y procesos que han sido considerados más relevantes, sino una síntesis interpretativa, en que a cada paso aparece el juicio valorativo del autor. Esta obra no pretende atenerse a la llamada “objetividad”, relatar de modo insípido los hechos tal como fueron, que ya sabemos ha sido desechada por la actual historiografía. Encontramos en ella, en cambio, una coherencia exegética en la perspectiva de análisis por la que ha optado el historiador, esta es la de los grupos sociales como protagonistas. En este aspecto se echa de menos el análisis en algunos casos o un mayor análisis en otros, de los sectores populares estudiados por los investigadores de la nueva historia social chilena; también los grupos étnicos originarios, los inmigrantes y la mujer. Debemos considerar sí que la opción fundamental del autor ha sido la de sintetizar primordialmente la historicidad de los grupos de poder y ciertamente los que hemos nombrado, salvo aquellos inmigrantes que llegaron a formar parte de la elite, no lo han tenido.

Leonardo Mazzei de Grazia.